Por sentido humanitario, en el mundo entero se han dado y se siguen dando medidas en favor de aliviar las situaciones de vulnerabilidad a que están sometidas poblaciones enteras, como situaciones de guerra, y, personas que se encuentran privadas de su libertad en prisiones hacinadas, son vulnerables por múltiples factores y están expuestos, por tanto, al mayor riesgo de ser contagiados.
La 𝐀𝐥𝐭𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬, 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞𝐭 ha dicho: “𝐀𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐦𝐚́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, también señala que 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐢́𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐥 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗, entre otros a los presos de más edad y los enfermos,… de las mujeres reclusas.
La CIDH, el 31 de marzo, en un comunicado, “urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.” “Este contexto puede significar un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros.”
Ante esta situación, muchos países han optado, ya en marzo, por liberar a presos como medidas para deshacinar las cárceles y evitar la propagación del virus, así, desde el punto de vista humanitario, en Estados Unidos, al detectar un caso en una prisión este 23 de marzo, en Los Ángeles liberaron a 1700 presos, y así, a otros miles en diferentes Estados; en Irán se liberó a 85 mil presos, incluido presos políticos; en Burkina Faso se han liberado a 1207; en Omán a un total de 599; en Arabia Saudí, a 250; en Sudán, a 4.217; Jordania, a 3.081 presos; Bahréin, 1.486 presos; Egipto liberó a 15 políticos y activistas críticos; Marruecos, a 5600 presos.
Similares medidas se están adoptando en diferentes países del mundo. En nuestro país también ya hay pedidos y proyectos de ley en curso. Sin embargo, 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨𝐬, ninguno refiere a la situación de nuestros familiares, prisioneros políticos detenidos, y lo irónico es que, si hablamos de población vulnerable en las cárceles del Perú, 𝐬𝐨𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬. Como nadie en nuestro país en toda su historia, nuestros familiares ya están más de 28 años en prisión, en condiciones inicuas, con múltiples dolencias derivadas de las torturas a que fueron sometidos, el encierro prolongado, la pésima alimentación y casi nulo sistema de salud, casi todos pasan los 65 años, varones y mujeres que no son considerados en las propuestas de las autoridades políticas porque para ellos no son personas, para ellos son los enemigos eternos que, ni siquiera en estas condiciones, se les permite beneficio alguno, no obstante haber terminado la guerra hace más de 28 años.
A puertas del Bicentenario y los momentos complejos que afronta el país, debe permitirnos mirar lo recorrido después de terminada la guerra, y ver si en algún momento nuestros familiares han puesto en riesgo la seguridad nacional o han promovido algún hecho que sea tipificado de delito, no hay por ningún lado, sin embargo la persecución política contra ellos se ha intensificado más, discriminándolos y exponiéndolos hoy a los efectos nocivos del COVID-19 que amenaza su salud y vida, principalmente del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, que por su condición de tener 85 años, con diversos problemas de salud y confinado cerca de 28 años en el Penal Militar de la Base Naval del Callao en aislamiento, penal donde no se han tomado las medidas de prevención y protección, por lo que se evidencia que la pretensión es simplemente esperar su muerte.
En nuestra condición de familiares, denunciamos las siniestras pretensiones de la reacción peruana, comprometiéndonos en luchar por defender la salud, vida e integridad física de nuestros seres queridos, persistiendo en nuestra posición de no cejar nuestra lucha por sus libertades.
¡DEFENDER LA SALUD Y VIDA DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS!
¡ABAJO LA POLÍTICA DE ODIO, VENGANZA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA NUESTROS FAMILIARES!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DEL PERÚ Y DEL MUNDO!
𝐀𝐅𝐀𝐃𝐄𝐕𝐈𝐆
16 de abril de 2020
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