Andrea A. Gálvez
@ana_gaher23 de febrero de 2021
Nora Osco y su pareja habían logrado conciliar el sueño. Al rato, ella escuchó lo que parecían golpes en la puerta. El susto le despertó y le hizo saltar de la cama. No podía imaginar que segundos después una horda de policías irrumpirían a la fuerza en su casa y les llevarían, tanto a ella como a su marido, detenidos con su bebé de 8 meses en brazos.
El destino de ambos fue la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), una unidad especializada de la Policía dedicada a operaciones de lucha contra el terrorismo, pese a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala en su informe final que el conflicto armado cesó en el año 2000. Nora y su pareja no estaban solos.
A medida que transcurrían las horas, más personas eran detenidas y trasladadas a la misma sede policial. Ese día sumaron un total de 77 arrestados. Los agentes no pudieron localizar a otras 10 personas que también forman parte de la investigación –son 87 los investigados–. A todos se les acusa de pertenencia o afiliación a organizaciones terroristas. Este lunes, el juez Rafael Martínez ha ordenado prisión preventiva para 51 de ellos, ocho en arresto domiciliario y 18 en régimen de libertad restringida.
Desde aquel día, los familiares de los detenidos permanecieron, por turnos, frente a la sede policial a la espera de que el juez resolviera su situación. La hermana de Nora, Natalia Osco, asegura que su sobrino -un bebé de ocho meses- estuvo junto a su madre casi todo un día en uno de los calabozos de la Dircote.
"Esta es una de las situaciones que nosotros denunciamos como abusivas", cuenta Natalia, una de las portavoces del Comité de Familiares por la liberación de los detenidos del operativo policial "Olimpo".
El Olimpo de Sagasti
Según la versión del exministro de Interior Rubén Vargas, el operativo Olimpo pretendió dar "el tiro de gracia" a Sendero Luminoso, una guerrilla que estuvo activa entre 1980 y 2000, y que dio inicio al llamado "conflicto armado interno" que dejó al menos 69.000 fallecidos. Para ello, la Dircote, con apoyo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía, solicitó abrir una investigación preliminar a supuestos integrantes de los brazos políticos de Sendero, según el informe presentado a la Fiscalía. Dicha petición implicaba la detención, incomunicación y el allanamiento de sus viviendas.
Esta detención ocurrió en medio de la crisis política y social vivida en el país. Francisco Sagasti, presidente transitorio tras la renuncia de Manuel Merino, llevaba tan solo 15 días al mando de un país que todavía estaba en vilo. Las protestas sociales, ocurridas tras el golpe parlamentario y la destitución de Martín Vizcarra hicieron tambalear a todo un país. Además, dejaron un saldo de dos muertos, 300 heridos, detenciones arbitrarias y tortura sexual, según afirma Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
Al comienzo de su Gobierno, Sagasti retiró a 18 generales para sofocar las críticas que acumulaba la institución policial, quienes, desde el 2003 hasta la actualidad, llevan a sus espaldas 163 muertos en contextos de conflicto social. Pero días más tarde, el presidente interino respaldó la detención masiva.
La clase política no se manifestó públicamente excepto Marité Bustamante y Lucía Alvites, integrantes del partido Juntos por Perú, formación que disputará la presidencia el próximo 11 de abril de la mano de Verónika Mendoza.
Acusados y estigmatizados
Mireya Torres, una joven de 22 años, fue detenida en su casa de Huancayo, en la región de Junín. El día que la detuvieron, sus padres habían viajado. Tanto ella como su hermana menor dormían cuando, a medianoche, escucharon fuertes golpes en su puerta. Alrededor de diez policías habían ingresado en su hogar para detenerla.
Mireya se encontraba en el último curso de sus estudios en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A las siete de la mañana, el padre de Mireya, Rude Torres, recibió la noticia de su detención. Se apresuró a ir a la delegación policial de Huancayo pero no logró ver a su hija. Horas después, fue trasladada a Lima, concretamente a una de las celdas de la Dircote, donde permaneció hasta que el juez le ordenó arresto domiciliario por motivos de salud.
Tanto en el caso de Mireya como en el de Nora, la acusación se basa en la participación de estas en reuniones, actos públicos, manifestaciones o acciones como la difusión de sus actividades o la autogestión de los colectivos, que la fiscalía califica como fachadas de Sendero Luminoso. "A mi hermana la acusan de terrorista por participar en actos públicos como actos en defensa de los derechos de las mujeres o por asistir a una conferencia llamada el derecho penal del enemigo", asegura Natalia.
Su hermana pertenece a la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio, militancia que hereda de su familia. Ella participa en la organización porque su tío fue uno de los asesinados por el Estado peruano en el penal del Frontón en 1986. Uno de los fines del colectivo es buscar a sus seres queridos y darles una sepultura digna. En Perú, según el registro oficial, hay al menos 20.000 personas desaparecidas, producto del conflicto armado.
Entre los detenidos también figuraban miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), como Alfredo Crespo, abogado defensor del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Este colectivo busca la liberación de los presos del conflicto armado interno, la restitución de sus derechos y una nueva constitución para el país. También hay miembros del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, estudiantes, el dirigente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas de Perú, varios profesores, algunos artistas y siete abogados de los cuales cinco de ellos habían realizado la defensa de otros denunciados por terrorismo en el operativo Perseo, precedente del Olimpo, en 2014, donde fueron detenidas 28 personas.
¿Penalización del respaldo ideológico?
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, ha tenido acceso al informe policial y afirma a elDiario.es que "no había ninguna prueba que indicara que iban a cometer actos de violencia". También dice que no intervienen en casos en los que haya miembros del Movadef por su simpatía con Sendero Luminoso. Pese a esto, mostró reservas sobre la detención masiva, las condiciones de reclusión y planteó la necesidad de ampliar la discusión sobre las organizaciones que tienen ideologías similares a Sendero Luminoso, pero que no han cometido ningún acto de violencia.
"Más allá de la posición que tenemos como movimiento de derechos humanos, creo que ha llegado el momento de plantear la discusión de si el simple respaldo político o ideológico, sin acciones de violencia concretas, debería ser penalizado", añade.
A petición de los familiares del Olimpo, una reconocida organización de derechos humanos del país ha elevado el tema a una de las oficinas de los relatores especiales de Naciones Unidas Unidas y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. "Varios llevan más de dos meses en dependencias policiales que están pensadas para albergar a las personas solo unos días como las comisarías, esto constituye un trato degradante e inhumano", afirman.
Wilfredo Robles es uno de los más de 30 abogados a cargo de la defensa de los 77 acusados en el operativo Olimpo. Es profesor de la Universidad de San Marcos, un centro al que pertenecen varios alumnos y profesores detenidos en el operativo. Según el abogado, la Fiscalía argumenta el delito de pertenencia o afiliación terrorista sobre la base de que Movadef es parte de una estrategia para mantener Sendero Luminoso. "Pero al mismo tiempo sostiene que desde 1992 Sendero Luminoso abandonó la lucha armada. Si abandonó la lucha armada no puede ser considerado terrorista ni Sendero Luminoso, ni organizaciones simpatizantes que buscan participar políticamente en la sociedad", dice Robles. Movadef intentó inscribirse como partido político, pero fue rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones en el 2011.
Uno de los problemas que algunos juristas detectan es que la legislación peruana no especifica qué actos concretos son considerados como terroristas y "aprovechan este vacío legal para acusar a cualquiera por delito de terrorismo", argumenta Robles. Un informe del relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de 2010 mostró su preocupación por la situación en Perú y recomendó modificar la legislación antiterrorista para que no se cometan vulneraciones de derechos como el de reunión, opinión o expresión.
Para el abogado, que ha llevado otros casos de terrorismo, se usan tipos penales de terrorismo y otras figuras legales para criminalizar las protestas: "A veces es terrorismo, otras son disturbios, desacato a la autoridad o delito contra el patrimonio" y lo atribuye a la persecución de la discrepancia política que aún se da en Perú.Debate sin conclusión
Dynnik Asencios, sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), comenta que este operativo sirve como termómetro para evaluar el grado de preparación que tiene Perú para discutir temas pendientes del conflicto armado, por ejemplo,
"qué hacemos como sociedad con los presos del conflicto que ya han cumplido su pena y han sido excarcelados durante los últimos años", señala en alusión a que varios de los detenidos también son expresos políticos.
El país andino, que conmemora este año su bicentenario, aún no logra remontar del posconflicto, y a eso se suma una de las crisis políticas más graves desde el retorno a la democracia, escándalos de corrupción, una campaña electoral incierta y la emergencia sanitaria.
