Carta a la opinión pública
Mi nombre es Martha Isabel Huatay Ruiz, tengo 74 años de edad. Soy abogada y profesora de Filosofía y Ciencias Sociales, me encuentro en prisión desde 17 de octubre de 1992, condenada a 25años de pena privativa de libertad que se cumple el 16 de octubre del 2017.
Al ser detenida por la Dincote, fui torturada cruel y brutalmente, me fracturaron las vértebras y nunca me dieron atención médica pese a que el médico de sanidad de las Fuerzas Policiales dispuso exámenes y el médico del Colegio de Abogados de Lima constató mi mal estado de salud, por lo que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) denunció en pronunciamiento p{ublico el 13 de noviembre de 1992, publicado en el diario El Comercio.
Por la tortura perdí mis facultades psíquicas superiores por más de 3 meses. Pese a estar sumamente enferma el Gobieno me confinó en la cárcel de Yanamayo, Puno, en donde estuve 9 años en condiciones inhumanas, degradantes y crueles, condiciones que fueron condenadas por las Naciones Unidas – ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.
Así, a consecuencia de la tortura, agravada por las condiciones de prisión y la falta de atención médica, hoy estoy inválida, no puedo caminar, me movilizo en silla de ruedas.
Fui juzgada y condenada a cadena perpetua por un tribunal militar “sin rostro” en 10 días como en el teatro de operaciones por el delito de traición a la patria (Decreto Ley N° 25659)
En enero del 2003, ante una demanda de inconstitucionalidad presentada por más de 5,000 ciudadanos contra la legislación antisubversiva, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el delito de traición a la patria, pero por presión de las facciones más recalcitrantes dejó vigente parte del Decreto Ley N° 25475 y pidió al Estado expida nueva legislación sujeta a la Constitución.
El Poder Judicial anuló los juicios militares y con ello la cadena perpetua, realizándose nuevos juicios. También anuló los juicios en el fuero civil en tribunales “sin rostro”.
En mi caso, el Poder Juidicial anuló el proceso militar y la condena perpetua, iniciándose un nuevo proceso en la vía civil, donde me condenaron a 25 años de pena privativa de libertad sin pruebas que acrediten las imputaciones. Todos mis procesos judiciales concluyeron ene l 2012 con resolución de cosa juzgada, ya que en el megaproceso fui absuelta del cargo imputado de ser miembro del Comité Central y dirigente del PCP.
Por haber defendido consecuentemente los derechos del pueblo y la libertad de los detenidos acusados de subversión he sidoperseguida durante décadas. En el primer gobierno aprista el grupo “Rodrigo Franco” planificó asesinarme en dos oportunidades, como consta en las declaraciones de un agente de “Rodrigo Franco” ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la revista Oiga y en el proceso judicial que le hicieron. Posteriormente en los noventa, en el gobierno de Alberto Fujimori, el grupo “Colina” también quiso asesinarme y desaparecerme por lo que interpuse acción de Hábeas Corpus y las declaraciones del agente de este grupo figuran en el proceso judicial que se les ha seguido.
EN octubre de 1992, el Gobierno y la Dincote disponen mi detención al no haber podido asesinarme y/o desaparecerme, por haber denunciado a nivel nacional e internacional la política genocida del Estado peruano que aplicó en u lucha antisubversiva durante el conflicto armado interno. Denuncié asesinatos, torturas, desapariciones de detenidos y del pueblo peruano. La prensa lo conoce, solo que hoy ha perdido la memoria.
Denuncie la matanza en los penales, en los 85 y 86, casi 300 presos asesinados por el Estado en un día. Está la documentación en el Congreso de la República.
La Dincote me torturó por venganza, por la defensa que hice a los detenidos que torturaba y obligaba a autoinculparse. La defensa la hice e mi condición de abogada, que exigía el respeto al derecho de defensa y al libre ejercicio dela profesión de abogado. Eso está registrado en muchos Hábeas Corpus y documentos que presenté al Colegio de Abogados de Lima, donde tenía vida activa como profesional del Derecho y porque creía que ese Organismo rector del Derecho debería defender al pueblo.
Sobre mi relación con Sendero Luminoso, en el juicio oral del megaproceso dije que no pertenecía a sus filas, que no era integrante de ninguno de sus organismos, de su estructura y que mi relación era profesional. Y no existe ninguna prueba que acredite lo contrario. No he sido miembro de su Comité Central, ni de su Buró, ni de Socorro Popular.
Sobre la Asociación de Abogados Democráticos del Perú (AADP), no fue organismo de fachada de Sendero Luminoso, ni creado por este, como imputó la Dincote. Fue creada en setiembre de 1977 por decenas de abogados de Lima, conforme a al Constitución de 1993 y el Código Civil de 1936, para la defensa de los abogados que por ejercicio profesional eran perseguido y presos junto con sus patrocinados por el Gobierno militar. Fui fundadora, integrante y dirigente como está en el Acta de fundación, en los Registros Públicos. La AADP fue una institución seria y respetada, defendió derechos fundamentales y cumplió sus objetivos y fines (consignados en su Declaración de principios y Estatutos).
Rechazo eso de “Organismo de fachada de Sendero Luminoso” como imputo la Dincote para justificar el asesinato, desaparición y persecución de los abogados de la AADP, como está registrado en las denuncias presentadas y escritos al Colegio de Abogados de Lima.
Hoy, cuando voy a cumplir mi sentencia y debo ser excarcelada el 16 de octubre del 2017 como dispone la ley y dice la sentencia, nuevamente la Dincote y el Ministerio Públio urden, traman, calumnian y se ponen de acuerdo para abrir un nuevo juicio e impedir mi libertad; buscan que el Poder Juidicial me vuelva a condenar. No están conformes con el cuarto de siglo de pena que me impusieron sin pruebas, vulnerando el debido proceso y las garantías constituionales vigentes.
Hoy, otra vez la Dincote y la Fiscalía me calumnian, imputándome ahora “participación en el atentado de la calle Tarata”. La fiscal Marcelita Gutierres Vallejos, Fiscal de la 2da. Fiscalía Penal Supraprovincial, con resolución del 27 de setiembre del 2017, abusando de su cargo, cometiendo delito de prevaricato, usando la noticia publicada en l acarátula y página 6 del diario Correo de la misma fecha, con la rapidez que no suele funcionar el Ministerio Público, olvidándose del mandato constitucional de que el Ministerio Público es defensor de la legalidad y su acción debe ejercerla acorde a los principios del Esatdo constitucional y democrático, dispone en mi contra abrir investigación preliminar, porque según la noticia, proporcionada por la misma Fiscalía, dice que Oscar Ramirez Durand, en el proceso que se le sigue por el caso Tarata, habría dicho que la sentenciada Martha Isabel Huatay Ruiz “…ella tendría que haber sabido sobre el atentado Tarata”. Esta frase en condicinal y otras semejantes no meritúan ni siquiera como indicio para abrir investigación preliminar en mi contra. Ni jurídica ni gramaticalmente sirven a un proceso de investigación preliminar.
La Fiscal mencionada usa las mentiras de Ramirez Durand, que negocia sus años de prisión con la Fiscalía, no importa calumniando y haciendo daño a personas. Es un individuo sin escrúpulos ni principios.
Ya en el 2005 y 2007 me comprendieron calumniosamente en la investigación del caso Tarata porque me imputaron ser miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, pero como fui absuelta del cargo imputado, se archivó, en mi caso, después que prestó mi declaración ante la Fiscalía y la Dincote.
Pero hoy, en medio de la grita de la campaña desenvuelta hace algunos meses para impedir la libertad de quienes cumplimos sentencia condenatoria, vulnerando el Estado de Derecho, actuando cual dictaduras abiertas, traman un despropósito jurídico, con el vil objetivo de impedir mi libertad y mantenerme en la cárcel, como lo han hecho con otros sentenciados que cumplieron sus penas y debieron salir, ser excarcelados.
¡Basta de violación de leyes! ¡basta de represión y persecución indefinida en mi contra y otros afectados! Pues este hecho sí está consignado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal como delito de lesa humanidad. Basta de calumnias e infamias. Estoy por la paz, por la reconcilaición y la amnistía para todos.
Lima, setiembre del 2017
Martha Huatay Ruiz
Abogada
