El Estado peruano pretende reprimir nuestro
derecho de asociación y organización.
¡No lo permitamos!
#NoalaDictaduraAbierta
#DefenderElEstadoDeDerecho
#abajolafarsadenuevosjuicios
#ContraElAutoritarismo
miércoles, 18 de julio de 2018
02/07/2018: Plantón realizado contra el proceso abierto al presidente de AFADEVIG
¡Contra el autoritarismo y el estado policiaco,
defender el estado de derecho!
¡Respeto a la libertad de pensamiento,
expresión y organización!
#NoalaDictaduraAbierta #DefenderElEstadoDeDerecho #ContraElAutoritarismo
martes, 17 de julio de 2018
Pronunciamiento sobre la situación política nacional
Ante los recientes sucesos develados de los audios que comprometen todo el sistema judicial en el Perú y la situación política actual queremos manifestar lo siguiente:
1. En primer lugar, creemos que es la manifestación de que las pugnas en el seno de quienes controlan el Estado se van agudizando, contienda a la que se ha sumado otros sectores de la burguesía liberal. Todos esos hechos son una clara evidencia de la profunda crisis general de la sociedad peruana que se manifiesta en el orden económico, político y social.
2. Asimismo, pone en evidencia no sólo el tráfico de influencias, o que se venden las sentencias al mejor postor, sino también y principalmente, la instrumentalización política del Poder Judicial. Así, queda claro que sólo en el papel existe la independencia de poderes, las garantías constitucionales que todo Estado de derecho tiene como principio y el respeto por las libertades políticas fundamentales como mínimamente reconoce la Constitución. Con estos audios se comprueba nuevamente la farsa de democracia que hay en nuestro país.
3. Pensamos que en nuestro país hay problemas pendientes no resueltos de la guerra interna que terminó hace más de 25 años, como es el uso de la legislación antisubversiva para tiempos de guerra, ahora para tiempos de no guerra; es decir, leyes como medidas de excepción para tiempos de guerra, ahora como leyes de carácter permanente y cuando ya no hay guerra, usado contra los que se consideran enemigos, contra los que se consideran peligrosos o que amenacen su sistema de privilegios; es decir, es la aplicación del Derecho penal del enemigo en lugar del Derecho de garantías constitucionales que señala la Constitución.
4. Esta situación explica la farsa de juicios que están promoviendo por ejemplo en los llamados casos emblemáticos como Tarata contra los dirigentes presos del PCP, se les imputa nuevos cargos a pesar de ya haber sido juzgados y cumpliendo cadena perpetua y esta, extenderla a quienes no la tienen con el claro propósito de impedir su libertad; otro caso, Perseo, contra los miembros del MOVADEF, e incluso contra nosotros, familiares por el simple hecho de enterrar a nuestros seres queridos. Farsa de juicios que llevan adelante violentando la propia Constitución, con el cuento de la ‘amenaza terrorista’ buscan impedir la libertad de quienes ya cumplieron sentencias y que, por derecho, les asiste, incluso, su reincorporación a la sociedad; al amparo de esa campaña de antiterrorismo han emitido últimamente leyes de muerte civil para los exprisioneros, negando su derecho al trabajo; también existe leyes de apología para coactar las libertades políticas reconocidas en la Constitución. situación que está siendo ampliada a otros sectores con el denominado "terruqueo" para criminalizar las ideas discrepantes. La ultraderecha neoliberal que está en el congreso está volando el Estado de derecho para crear un estado policíaco propugnando una dictadura abierta más negadora de derechos.
5. Reiteramos nuestra posición, como familiares rechazamos toda esta nefasta política que la ultraderecha promueve, de venganzas, odios y rencores, que por intereses personales y de grupo no se ven los problemas que nuestro pueblo y nación lo amerita, así posponen las justas y centenarias demandas sociales como salud, educación, trabajo que nuestro pueblo necesita, más cuando la crisis económica se manifiesta con mayor rigor y golpea principalmente al pueblo.
¡Por la democratización de la sociedad peruana!
¡Abajo la farsa de nuevos juicios!
¡Contra el autoritarismo y el Estado policiaco
defender el Estado de derecho!
defender el Estado de derecho!
¡Abajo la persecución política
contra las justas luchas del pueblo!
contra las justas luchas del pueblo!
¡Por una nueva Constitución con y para el pueblo!
AFADEVIG, 17 Julio de 2018
lunes, 18 de junio de 2018
¡Dr. Manuel Fajardo, presente!
La asociación de familiares de desaparecidos y Víctimas de genocidio,se
aúna al dolor por la pérdida irreparable del Doctor Manuel Fajardo
Cravero, quién puso de manera desinteresada, durante toda su vida
su profesión de abogado al servicio de la defensa de los sectores
populares, de la clase obrera, de los sindicatos, de los estudiantes, de
los familiares de los prisioneros políticos, de los maestros
perseguidos por causas de sus justas luchas.
Asimismo expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares.
¡Dr. Manuel Fajardo, presente!
Afadevig
07 de junio del 2018
Asimismo expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares.
¡Dr. Manuel Fajardo, presente!
Afadevig
07 de junio del 2018
lunes, 2 de abril de 2018
Rogelio Tucto: "Se debería indultar a Abimael para llegar a una reconciliación"
Saludamos la posición del congresista del Frente Amplio, Rogelio Tucto, creemos que es lo que necesita el país y en especial nuestro pueblo. Hace más de 25 años que ha terminado la guerra sin embargo, la ultraderecha sigue usando las leyes de entonces para ocultar sus latrocinios y negar derechos económicos políticos y sociales con el cuento del terrorismo. No es cambio de funcionario que va a resolver la situación si no, debe verse en función de las necesidades de nuestro país en su conjunto y se ha comprobado que quienes están en el gobierno lo hacen sólo para sus intereses de grupo y no en beneficio del pueblo.
Por ello la solución pasa por una nueva constitución qué implica una nueva asamblea constituyente, es decir elecciones para una nueva asamblea constituyente donde tenga representación el pueblo.
AFADEVIG
[Parte de la entrevista del congresista Rogelio Tucto a Diario Correo]
Yo considero que el indulto es una solución parcial a los problemas de la guerra interna que ha habido en el país. Hay otras personas en la misma calidad que Alberto Fujimori, con mayor edad y con enfermedades, que tuvieron también que ser indultadas. A mí me gustaría que se llegue a una verdadera reconciliación nacional, que pasa por reconciliar a los que han participado en el conflicto interno. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, los que se levantaron en armas, la sociedad civil y el pueblo en su conjunto.
¿Cree que se debería indultar a Abimael Guzmán?
Bueno, si es que eso va a conllevar a una verdadera reconciliación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay colegas de la bancada que no piensan así, pero se les respeta.
¿Su posición es que si se indultó a Fujimori también se debió hacer lo mismo con Abimael Guzmán y otros involucrados, para poner fin a lo que usted llama guerra interna?
No podemos vivir en guerra en toda la vida, ya la guerra acabó. No podemos estar odiándonos toda la vida. En el país hay varios grupos: fujimoristas y antifujimoristas. Si queremos crecer como país y dejar atrás las cosas malas que han pasado, hay que procesar a todas las partes involucradas todo de acuerdo a una amnistía general, qué sé yo.
Una amnistía general que implicaría la liberación de Abimael Guzmán y toda la cúpula de Sendero Luminoso…
Una amnistía para todos los actores del conflicto.
lunes, 19 de febrero de 2018
Aclaraciones sobre la resolución de la CIDH
La resolución de la Corte dice que no somos parte del “Caso Durand y Ugarte” debido a que el expediente ha sido tramitado para esas dos personas y no para los 248 restantes. Sin embargo, sí exhorta al Estado peruano a que entregue los restos de nuestros familiares para darles sepultura.
Sobre la construcción de los nichos, el alcalde de Comas afirmó y pregonó por todos los medios que espera una orden del poder judicial para poder demolerlos, sin embrago la Sala Penal Nacional, el pasado 22 de diciembre, aclaró que no le compete trasladar ni reubicar restos humanos. Además, la medida cautelar que presentó ese municipio ante un juzgado del cono norte fue rechazada y archivada el 18 de agosto del año pasado. A pesar de ello nos abrieron más procesos judiciales por "resistencia a la autoridad" por no retirar los restos de nuestros familiares de los nichos que con tanto esfuerzo construimos.
El genocidio del año 1986 en los penales de El Frontón, Lurigancho y El Callao, fue un solo hecho con una sola orden, 250 asesinados, cuyos restos 32 años después, siguen 90% sin ser entregados.
¡Por una verdadera reconciliación nacional,
entrega de los restos mortales de nuestros familiares!
¡Por una verdadera reconciliación nacional,
respeto a nuestro derecho de enterrar a nuestros muertos!
¡Por una verdadera reconciliación nacional,
basta de odio y venganza!
Resolución Del 6º Juzgado Penal Cono Norte by familiares on Scribd
miércoles, 7 de febrero de 2018
Rechazamos la torpe e infame ‘información’ del diario Correo y la ONG Waynakuna
Aquí la grosera, torpe e infame ‘información’ del diario sirviente de la Dircote y del mercenario informante de Waynakuna:
1. Dicen haber ‘investigado’, en su negro afán de atacarnos de ‘terroristas’ de ‘Sendero Luminoso’, ni siquiera se han dado el tiempo de leer, por lo menos, bien las noticias que dicen es la Reunión de la CIDH en San José de Costa Rica y no en Colombia como afirman; tampoco verifican con lo que ellos mismos han difundido en su edición del 4 de febrero.
2. Lo expresado por nuestra asociada Nery Chávez Díaz corresponde a que es parte civil del Caso El Frontón, por lo tanto, le asiste todo el derecho de intervenir en la CIDH que ve precisamente ese caso, y ha asistido con su abogado, el Dr. Miguel Sánchez Calderón.
3. Las afirmaciones gratuitas que hacen son puras infamias que lanzan con el objeto de levantar el ‘peligro del terrorismo’ para seguir medrando a costa del presupuesto de la Dircote.
4. ¿Qué operación política puede haber en el justo reclamo elemental del derecho de la devolución de los restos mortales a sus respectivos familiares después de más de 31 años de haber sido asesinados?
¡Por una Verdadera Reconciliación Nacional
basta de odio y venganza!
basta de odio y venganza!
¡Por una Verdadera Reconciliación Nacional
entrega de los restos de nuestros familiares!
entrega de los restos de nuestros familiares!
¡Por una Verdadera Reconciliación Nacional
respeto a nuestro derecho a enterrar a nuestros muertos!
¡Por una Verdadera Reconciliación Nacional
cese de toda persecución política contra nuestros familiares!
AFADEVIG
![]() |
| Diario Correo apresurado en difamar, se contradice en dos ediciones sobre el lugar de reunión de la CIDH. |
![]() |
| Del blog de Waynakuna desvirtuando la denuncia de los familiares de AFADEVIG. |
lunes, 5 de febrero de 2018
Intervención de nuestra asociada en la CIDH - Costa Rica
El viernes 2 de febrero se realizó la Audiencia Pública de Medidas Provisionales Urgentes en el marco del 121 Período Ordinario de Sesiones, en Costa Rica, para resolver el tema de los Magistrados del TC que afrontan una acusación en el Congreso por el Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, cuya sentencia fue impuesta por la Corte en el año 2000.
Por ese motivo, nuestra asociada y familiar Nery Chávez junto a nuestro abogado Miguel Sánchez participaron en esta audiencia y tomaron la palabra para denunciar que el Estado peruano, después de 32 años del genocidio del Frontón, Lurigancho y Callao, ni siquiera cumple con la entrega de los restos de los 250 asesinados en el año 1986; por el contrario, encubriendo esa política genocida, aplica una persecución política por reclamar los restos mortales que se encuentran amontonados en cajas de cartón en Medicina Legal del Ministerio Público y hasta pretende destruir los nichos construidos en Comas que con tanto esfuerzo construimos.
Al finalizar la audiencia, la defensa de los marinos en una entrevista a canal N desvirtuaron el sentido de nuestra denuncia, así como lo publicado en el periódico Correo, el domingo 4, donde prosiguen con su retorcida campaña de persecución la cual rechazamos.
Somos familiares que tenemos derecho a expresarnos, a reclamar que nos entreguen los restos que se encuentran en Medicina Legal del Ministerio Público, y pedir también respeten el entierro y la memoria de cada uno, por eso exigimos:
¡Entrega de los restos de nuestros familiares que están en medicina legal!
¡No a la demolición de los nichos!
¡Por una Verdadera Reconciliación Nacional!
lunes, 16 de octubre de 2017
Carta de la Dra. Martha Huatay
En honor a la verdad, nos solidarizamos con los familiares de la Dra. Martha Huatay. ¡¡¡La libertad es su derecho!!! ¡¡¡Por un Perú reconciliado hacia el Bicentenario!!
Mi nombre es Martha Isabel Huatay Ruiz, tengo 74 años de edad. Soy abogada y profesora de Filosofía y Ciencias Sociales, me encuentro en prisión desde 17 de octubre de 1992, condenada a 25años de pena privativa de libertad que se cumple el 16 de octubre del 2017.
Al ser detenida por la Dincote, fui torturada cruel y brutalmente, me fracturaron las vértebras y nunca me dieron atención médica pese a que el médico de sanidad de las Fuerzas Policiales dispuso exámenes y el médico del Colegio de Abogados de Lima constató mi mal estado de salud, por lo que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) denunció en pronunciamiento p{ublico el 13 de noviembre de 1992, publicado en el diario El Comercio.
Por la tortura perdí mis facultades psíquicas superiores por más de 3 meses. Pese a estar sumamente enferma el Gobieno me confinó en la cárcel de Yanamayo, Puno, en donde estuve 9 años en condiciones inhumanas, degradantes y crueles, condiciones que fueron condenadas por las Naciones Unidas – ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.
Así, a consecuencia de la tortura, agravada por las condiciones de prisión y la falta de atención médica, hoy estoy inválida, no puedo caminar, me movilizo en silla de ruedas.
Fui juzgada y condenada a cadena perpetua por un tribunal militar “sin rostro” en 10 días como en el teatro de operaciones por el delito de traición a la patria (Decreto Ley N° 25659)
En enero del 2003, ante una demanda de inconstitucionalidad presentada por más de 5,000 ciudadanos contra la legislación antisubversiva, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el delito de traición a la patria, pero por presión de las facciones más recalcitrantes dejó vigente parte del Decreto Ley N° 25475 y pidió al Estado expida nueva legislación sujeta a la Constitución.
El Poder Judicial anuló los juicios militares y con ello la cadena perpetua, realizándose nuevos juicios. También anuló los juicios en el fuero civil en tribunales “sin rostro”.
En mi caso, el Poder Juidicial anuló el proceso militar y la condena perpetua, iniciándose un nuevo proceso en la vía civil, donde me condenaron a 25 años de pena privativa de libertad sin pruebas que acrediten las imputaciones. Todos mis procesos judiciales concluyeron ene l 2012 con resolución de cosa juzgada, ya que en el megaproceso fui absuelta del cargo imputado de ser miembro del Comité Central y dirigente del PCP.
Por haber defendido consecuentemente los derechos del pueblo y la libertad de los detenidos acusados de subversión he sidoperseguida durante décadas. En el primer gobierno aprista el grupo “Rodrigo Franco” planificó asesinarme en dos oportunidades, como consta en las declaraciones de un agente de “Rodrigo Franco” ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la revista Oiga y en el proceso judicial que le hicieron. Posteriormente en los noventa, en el gobierno de Alberto Fujimori, el grupo “Colina” también quiso asesinarme y desaparecerme por lo que interpuse acción de Hábeas Corpus y las declaraciones del agente de este grupo figuran en el proceso judicial que se les ha seguido.
EN octubre de 1992, el Gobierno y la Dincote disponen mi detención al no haber podido asesinarme y/o desaparecerme, por haber denunciado a nivel nacional e internacional la política genocida del Estado peruano que aplicó en u lucha antisubversiva durante el conflicto armado interno. Denuncié asesinatos, torturas, desapariciones de detenidos y del pueblo peruano. La prensa lo conoce, solo que hoy ha perdido la memoria.
Denuncie la matanza en los penales, en los 85 y 86, casi 300 presos asesinados por el Estado en un día. Está la documentación en el Congreso de la República.
La Dincote me torturó por venganza, por la defensa que hice a los detenidos que torturaba y obligaba a autoinculparse. La defensa la hice e mi condición de abogada, que exigía el respeto al derecho de defensa y al libre ejercicio dela profesión de abogado. Eso está registrado en muchos Hábeas Corpus y documentos que presenté al Colegio de Abogados de Lima, donde tenía vida activa como profesional del Derecho y porque creía que ese Organismo rector del Derecho debería defender al pueblo.
Sobre mi relación con Sendero Luminoso, en el juicio oral del megaproceso dije que no pertenecía a sus filas, que no era integrante de ninguno de sus organismos, de su estructura y que mi relación era profesional. Y no existe ninguna prueba que acredite lo contrario. No he sido miembro de su Comité Central, ni de su Buró, ni de Socorro Popular.
Sobre la Asociación de Abogados Democráticos del Perú (AADP), no fue organismo de fachada de Sendero Luminoso, ni creado por este, como imputó la Dincote. Fue creada en setiembre de 1977 por decenas de abogados de Lima, conforme a al Constitución de 1993 y el Código Civil de 1936, para la defensa de los abogados que por ejercicio profesional eran perseguido y presos junto con sus patrocinados por el Gobierno militar. Fui fundadora, integrante y dirigente como está en el Acta de fundación, en los Registros Públicos. La AADP fue una institución seria y respetada, defendió derechos fundamentales y cumplió sus objetivos y fines (consignados en su Declaración de principios y Estatutos).
Rechazo eso de “Organismo de fachada de Sendero Luminoso” como imputo la Dincote para justificar el asesinato, desaparición y persecución de los abogados de la AADP, como está registrado en las denuncias presentadas y escritos al Colegio de Abogados de Lima.
Hoy, cuando voy a cumplir mi sentencia y debo ser excarcelada el 16 de octubre del 2017 como dispone la ley y dice la sentencia, nuevamente la Dincote y el Ministerio Públio urden, traman, calumnian y se ponen de acuerdo para abrir un nuevo juicio e impedir mi libertad; buscan que el Poder Juidicial me vuelva a condenar. No están conformes con el cuarto de siglo de pena que me impusieron sin pruebas, vulnerando el debido proceso y las garantías constituionales vigentes.
Hoy, otra vez la Dincote y la Fiscalía me calumnian, imputándome ahora “participación en el atentado de la calle Tarata”. La fiscal Marcelita Gutierres Vallejos, Fiscal de la 2da. Fiscalía Penal Supraprovincial, con resolución del 27 de setiembre del 2017, abusando de su cargo, cometiendo delito de prevaricato, usando la noticia publicada en l acarátula y página 6 del diario Correo de la misma fecha, con la rapidez que no suele funcionar el Ministerio Público, olvidándose del mandato constitucional de que el Ministerio Público es defensor de la legalidad y su acción debe ejercerla acorde a los principios del Esatdo constitucional y democrático, dispone en mi contra abrir investigación preliminar, porque según la noticia, proporcionada por la misma Fiscalía, dice que Oscar Ramirez Durand, en el proceso que se le sigue por el caso Tarata, habría dicho que la sentenciada Martha Isabel Huatay Ruiz “…ella tendría que haber sabido sobre el atentado Tarata”. Esta frase en condicinal y otras semejantes no meritúan ni siquiera como indicio para abrir investigación preliminar en mi contra. Ni jurídica ni gramaticalmente sirven a un proceso de investigación preliminar.
La Fiscal mencionada usa las mentiras de Ramirez Durand, que negocia sus años de prisión con la Fiscalía, no importa calumniando y haciendo daño a personas. Es un individuo sin escrúpulos ni principios.
Ya en el 2005 y 2007 me comprendieron calumniosamente en la investigación del caso Tarata porque me imputaron ser miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, pero como fui absuelta del cargo imputado, se archivó, en mi caso, después que prestó mi declaración ante la Fiscalía y la Dincote.
Pero hoy, en medio de la grita de la campaña desenvuelta hace algunos meses para impedir la libertad de quienes cumplimos sentencia condenatoria, vulnerando el Estado de Derecho, actuando cual dictaduras abiertas, traman un despropósito jurídico, con el vil objetivo de impedir mi libertad y mantenerme en la cárcel, como lo han hecho con otros sentenciados que cumplieron sus penas y debieron salir, ser excarcelados.
¡Basta de violación de leyes! ¡basta de represión y persecución indefinida en mi contra y otros afectados! Pues este hecho sí está consignado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal como delito de lesa humanidad. Basta de calumnias e infamias. Estoy por la paz, por la reconcilaición y la amnistía para todos.
Carta a la opinión pública
Mi nombre es Martha Isabel Huatay Ruiz, tengo 74 años de edad. Soy abogada y profesora de Filosofía y Ciencias Sociales, me encuentro en prisión desde 17 de octubre de 1992, condenada a 25años de pena privativa de libertad que se cumple el 16 de octubre del 2017.
Al ser detenida por la Dincote, fui torturada cruel y brutalmente, me fracturaron las vértebras y nunca me dieron atención médica pese a que el médico de sanidad de las Fuerzas Policiales dispuso exámenes y el médico del Colegio de Abogados de Lima constató mi mal estado de salud, por lo que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) denunció en pronunciamiento p{ublico el 13 de noviembre de 1992, publicado en el diario El Comercio.
Por la tortura perdí mis facultades psíquicas superiores por más de 3 meses. Pese a estar sumamente enferma el Gobieno me confinó en la cárcel de Yanamayo, Puno, en donde estuve 9 años en condiciones inhumanas, degradantes y crueles, condiciones que fueron condenadas por las Naciones Unidas – ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica.
Así, a consecuencia de la tortura, agravada por las condiciones de prisión y la falta de atención médica, hoy estoy inválida, no puedo caminar, me movilizo en silla de ruedas.
Fui juzgada y condenada a cadena perpetua por un tribunal militar “sin rostro” en 10 días como en el teatro de operaciones por el delito de traición a la patria (Decreto Ley N° 25659)
En enero del 2003, ante una demanda de inconstitucionalidad presentada por más de 5,000 ciudadanos contra la legislación antisubversiva, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el delito de traición a la patria, pero por presión de las facciones más recalcitrantes dejó vigente parte del Decreto Ley N° 25475 y pidió al Estado expida nueva legislación sujeta a la Constitución.
El Poder Judicial anuló los juicios militares y con ello la cadena perpetua, realizándose nuevos juicios. También anuló los juicios en el fuero civil en tribunales “sin rostro”.
En mi caso, el Poder Juidicial anuló el proceso militar y la condena perpetua, iniciándose un nuevo proceso en la vía civil, donde me condenaron a 25 años de pena privativa de libertad sin pruebas que acrediten las imputaciones. Todos mis procesos judiciales concluyeron ene l 2012 con resolución de cosa juzgada, ya que en el megaproceso fui absuelta del cargo imputado de ser miembro del Comité Central y dirigente del PCP.
Por haber defendido consecuentemente los derechos del pueblo y la libertad de los detenidos acusados de subversión he sidoperseguida durante décadas. En el primer gobierno aprista el grupo “Rodrigo Franco” planificó asesinarme en dos oportunidades, como consta en las declaraciones de un agente de “Rodrigo Franco” ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la revista Oiga y en el proceso judicial que le hicieron. Posteriormente en los noventa, en el gobierno de Alberto Fujimori, el grupo “Colina” también quiso asesinarme y desaparecerme por lo que interpuse acción de Hábeas Corpus y las declaraciones del agente de este grupo figuran en el proceso judicial que se les ha seguido.
EN octubre de 1992, el Gobierno y la Dincote disponen mi detención al no haber podido asesinarme y/o desaparecerme, por haber denunciado a nivel nacional e internacional la política genocida del Estado peruano que aplicó en u lucha antisubversiva durante el conflicto armado interno. Denuncié asesinatos, torturas, desapariciones de detenidos y del pueblo peruano. La prensa lo conoce, solo que hoy ha perdido la memoria.
Denuncie la matanza en los penales, en los 85 y 86, casi 300 presos asesinados por el Estado en un día. Está la documentación en el Congreso de la República.
La Dincote me torturó por venganza, por la defensa que hice a los detenidos que torturaba y obligaba a autoinculparse. La defensa la hice e mi condición de abogada, que exigía el respeto al derecho de defensa y al libre ejercicio dela profesión de abogado. Eso está registrado en muchos Hábeas Corpus y documentos que presenté al Colegio de Abogados de Lima, donde tenía vida activa como profesional del Derecho y porque creía que ese Organismo rector del Derecho debería defender al pueblo.
Sobre mi relación con Sendero Luminoso, en el juicio oral del megaproceso dije que no pertenecía a sus filas, que no era integrante de ninguno de sus organismos, de su estructura y que mi relación era profesional. Y no existe ninguna prueba que acredite lo contrario. No he sido miembro de su Comité Central, ni de su Buró, ni de Socorro Popular.
Sobre la Asociación de Abogados Democráticos del Perú (AADP), no fue organismo de fachada de Sendero Luminoso, ni creado por este, como imputó la Dincote. Fue creada en setiembre de 1977 por decenas de abogados de Lima, conforme a al Constitución de 1993 y el Código Civil de 1936, para la defensa de los abogados que por ejercicio profesional eran perseguido y presos junto con sus patrocinados por el Gobierno militar. Fui fundadora, integrante y dirigente como está en el Acta de fundación, en los Registros Públicos. La AADP fue una institución seria y respetada, defendió derechos fundamentales y cumplió sus objetivos y fines (consignados en su Declaración de principios y Estatutos).
Rechazo eso de “Organismo de fachada de Sendero Luminoso” como imputo la Dincote para justificar el asesinato, desaparición y persecución de los abogados de la AADP, como está registrado en las denuncias presentadas y escritos al Colegio de Abogados de Lima.
Hoy, cuando voy a cumplir mi sentencia y debo ser excarcelada el 16 de octubre del 2017 como dispone la ley y dice la sentencia, nuevamente la Dincote y el Ministerio Públio urden, traman, calumnian y se ponen de acuerdo para abrir un nuevo juicio e impedir mi libertad; buscan que el Poder Juidicial me vuelva a condenar. No están conformes con el cuarto de siglo de pena que me impusieron sin pruebas, vulnerando el debido proceso y las garantías constituionales vigentes.
Hoy, otra vez la Dincote y la Fiscalía me calumnian, imputándome ahora “participación en el atentado de la calle Tarata”. La fiscal Marcelita Gutierres Vallejos, Fiscal de la 2da. Fiscalía Penal Supraprovincial, con resolución del 27 de setiembre del 2017, abusando de su cargo, cometiendo delito de prevaricato, usando la noticia publicada en l acarátula y página 6 del diario Correo de la misma fecha, con la rapidez que no suele funcionar el Ministerio Público, olvidándose del mandato constitucional de que el Ministerio Público es defensor de la legalidad y su acción debe ejercerla acorde a los principios del Esatdo constitucional y democrático, dispone en mi contra abrir investigación preliminar, porque según la noticia, proporcionada por la misma Fiscalía, dice que Oscar Ramirez Durand, en el proceso que se le sigue por el caso Tarata, habría dicho que la sentenciada Martha Isabel Huatay Ruiz “…ella tendría que haber sabido sobre el atentado Tarata”. Esta frase en condicinal y otras semejantes no meritúan ni siquiera como indicio para abrir investigación preliminar en mi contra. Ni jurídica ni gramaticalmente sirven a un proceso de investigación preliminar.
La Fiscal mencionada usa las mentiras de Ramirez Durand, que negocia sus años de prisión con la Fiscalía, no importa calumniando y haciendo daño a personas. Es un individuo sin escrúpulos ni principios.
Ya en el 2005 y 2007 me comprendieron calumniosamente en la investigación del caso Tarata porque me imputaron ser miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, pero como fui absuelta del cargo imputado, se archivó, en mi caso, después que prestó mi declaración ante la Fiscalía y la Dincote.
Pero hoy, en medio de la grita de la campaña desenvuelta hace algunos meses para impedir la libertad de quienes cumplimos sentencia condenatoria, vulnerando el Estado de Derecho, actuando cual dictaduras abiertas, traman un despropósito jurídico, con el vil objetivo de impedir mi libertad y mantenerme en la cárcel, como lo han hecho con otros sentenciados que cumplieron sus penas y debieron salir, ser excarcelados.
¡Basta de violación de leyes! ¡basta de represión y persecución indefinida en mi contra y otros afectados! Pues este hecho sí está consignado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal como delito de lesa humanidad. Basta de calumnias e infamias. Estoy por la paz, por la reconcilaición y la amnistía para todos.
Lima, setiembre del 2017
Martha Huatay Ruiz
Abogada
martes, 8 de agosto de 2017
Sustentación de nuestro abogado - 08/08/2017
El Dr. Manuel Fajardo sustenta nuestra apelación a la Resolución 1 de la 4ta. Sala Civil del Cono Norte que había declarado improcedente por falta de conexión lógica en nuestra demanda de Contencioso administrativo con la la Municipalidad de Comas.
¡Por nuestro derecho a enterrar a nuestros muertos!
¡No a la demolición de nuestros nichos!
Haz click en el enlace para ver el vídeo:
Vídeo de la sustentación de nuestro abogado - 08/08/2017
¡Por nuestro derecho a enterrar a nuestros muertos!
¡No a la demolición de nuestros nichos!
Haz click en el enlace para ver el vídeo:
Vídeo de la sustentación de nuestro abogado - 08/08/2017
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