Los miembros de Consejo Directivo Nacional del Gremio de Escritores del Perú expresamos nuestro profundo rechazo a la pretensión del Estado, mediante el alcalde de Comas y con el aval de una ley inconstitucional recientemente promulgada, de demoler los nichos que contienen los restos de ocho prisioneros asesinados en El Frontón, en 1986, durante el gobierno aprista. Estos restos son parte de los 250 asesinados en los penales de El Frontón, Lurigancho y el Callao, y entregados a sus familiares después de treinta años de los hechos.
Lo que sucede con los cuerpos enterrados en el Cementerio de Comas es inédito en el país: pretenden demoler sus nichos como si los muertos se han de levantar para vengarse de quienes les quitaron la vida; como si su presencia trastocara la endeble democracia peruana. Democracia que desconoce el derecho de los muertos, de sus familiares y amigos. Perseguir a los muertos no cabe en una sociedad democrática y civilizada. Pero en Perú parece que hemos regresado a las épocas más oscuras de la humanidad, donde se ensañaban hasta con los muertos o se los desaparecía para pretender borrarlos de la memoria histórica. Además, que usan estos hechos que no benefician a la sociedad peruana, para tapar otros problemas de fondo, como el no resolver las necesidades básicas del pueblo.
Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, ya que se les niega el elemental derecho de enterrar a sus muertos y rendirles homenaje de acuerdo a sus costumbres. Nuestra solidaridad es profundamente humana. Nos mueve la sensibilidad que como escritores nos pone del lado de los débiles, de los que sufren abusos, de los perseguidos, de los que día a día sufren las injusticias de un sistema discriminador y con profundas diferencias sociales.
Finalmente consideramos que la sentencia que absolvió a miembros del MOVADEF, por apología al terrorismo, por parte del poder judicial, se enmarca dentro de un Estado Democrático donde no se debe perseguir a las ideas, no debe haber persecución política. Como lo dice el mismo colegiado, “que no se puede criminalizar expresiones que, si bien pueden ser criticadas, no son de relevancia penal”.
ARMANDO ARTEAGA
Presidente del GEP
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